"El secreto de ser aburrido es decirlo todo"

Voltaire.

martes, 25 de octubre de 2016

LAS PENSIONES Y SU HUCHA.

Lo que está en juego es mantener un sistema público de pensiones solidario y equitativo, o que cada jubilado  tenga la pensión que buenamente pueda aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente en el pasado para ahorrar. 
No le añadas a las penurias de la realidad los miedos de la imaginación.                                                                              Luis Landero. El guitarrista.

A veces lo que parece hecho para evitar sobresaltos, miedos o inquietudes, llegado el momento tiene la cualidad de provocar lo contrario. Es lo que está ocurriendo con el  Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La creencia popular, nada espontánea, porque fue ampliamente difundida por los gobernantes, era que la hucha de las pensiones, había ido engordando y nos libraría del peligro de que un día no hubiera dinero suficiente para pagar a los jubilados.

Ahora, ese Fondo va a quedar vacío. El Gobierno del PP ha utilizado el dinero para evitar un déficit público mayor. Y lo que antes era motivo de tranquilidad se transforma en temor de que esto ponga en peligro las pensiones públicas.  La verdad es que ni esa hucha garantizaba pensión alguna, ni el peligro para la Seguridad Social está en que se quede vacía. Es algo así como pensar que el problema de un parado es que se ha tenido que gastar el dinero que había ahorrado para las próximas vacaciones, cuando su drama es que no tiene un empleo por el que cobrar cada mes.

El sistema de pensiones públicas se basa en que los jubilados reciben una parte del dinero que ganan los que ahora trabajan. El peligro, por tanto, está en que trabaja menos que gente que antes, y lo que es casi tan grave, los que tienen un empleo ahora cobran menos. La consecuencia no hay ni que decirla: aportarán por ello menos para costear las pensiones.

En realidad el objetivo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social no era asegurar el cobro de las pensiones. Fue una recomendación del Pacto de Toledo, el acuerdo suscrito en 1995 por las fuerzas parlamentarias, sobre el sistema de pensiones públicas. Su propósito era que, en los momentos de recesión, hubiese dinero ahorrado, para evitar así el déficit, es decir, que los gastos de pensiones fuesen mayores que los ingresos de la Seguridad Social, y hubiese que endeudarse o que elevar la cotización que pagan los trabajadores. Se puede consultar el texto de Pacto de Toledo para comprobar que es así.

Lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha apostado de lleno por un modelo para salir de la crisis basado en facilitar todo lo posible el despido de los asalariados y su sustitución, cuando esta se produce, por otros que cobran claramente menos. Es un modelo injusto, porque hace recaer todo el coste de la crisis sobre los asalariados y por tanto a favor de las empresas, que, pagando menos, aumentan su tasa de ganancia, es decir, se llevan una porción mayor en el reparto de la riqueza del país. En cifras, los que se incorporan a trabajar ahora, es decir, los que pagarán con sus cotizaciones las pensiones del futuro, cobran entre un 12 y un 7 por ciento menos que en 2008. Y lo que les está tocando es ocupar puestos de trabajadores despedidos, que cobraban claramente más. Este modelo no ha conseguido sin embargo una recuperación suficiente del empleo: ahora hay casi dos millones de personas menos cotizando a la Seguridad Social que en 2008.

Pero, además, es un modelo que impide que la Seguridad Social obtenga dinero suficiente para pagar las pensiones. En 2008, al comienzo de la crisis, los trabajadores aportaron con sus cotizaciones 107.000 millones de euros al sistema público de pensiones. En 2015, tan sólo 99.000 millones. Incluso, en 2011, justo antes de que el PP llegara al Gobierno, aportaron más que ahora (102.000 millones)  pese a haber prácticamente las mismas personas trabajando. Y eso que el dinero, por el efecto lógico de la inflación, ahora vale menos. Es porque hay menos empleo, pero también, porque los nuevos trabajadores cobran menos que los anteriores. Por término medio, cada afiliado a la Seguridad Social aportó 5.848 euros en 2011. En 2015, esa aportación media había disminuido hasta los 5.818 euros. Y hay que recordar  de nuevo que el dinero de ahora vale menos. Esa menor cotización irá extendiéndose con los años mientras los nuevos contratados ganen menos que los trabajadores a los que sustituyen.

Ese fenómeno es lo que más pone en riesgo el sistema de pensiones públicas actual. Más incluso que el aumento de pensionistas. Con un alto nivel de empleo y salarios, que aumenten más que las pensiones, estas estarán garantizadas. No sólo es el crecimiento, imprescindible, sino el reparto justo de la riqueza el que las hace posible.

El gobierno ha hecho un uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta agotarlo. Se ha fundido 57.000 millones de euros, sólo para que, ante la Unión Europea, España presentase un déficit menor.  Sobre todo desde 2014, en que la economía volvió a crecer y no había el argumento de la recesión para sacar dinero de la hucha de las pensiones. Si la Seguridad Social tenía déficit era más lógico pedir dinero prestado, emitiendo deuda. Por ella habría pagado en 2015 un 0,34 por ciento de interés, mientras que el dinero que tenía en el Fondo de Reserva, colocado en deuda pública más antigua, rentaba a la Seguridad Social el 1,05 por ciento. Gastándolo ha dejado de ingresar más en intereses que lo que pagaría por los préstamos para cubrir el déficit.

Pero el vaciamiento del Fondo de Reserva o el aumento de los pensionistas no deben servir de instrumento para meter miedo a la gente. El paso siguiente  en ese caso puede ser hacer ver a los ciudadanos que no queda otra que restringir el actual sistema de pensiones para poder mantenerlo.

El sistema público de pensiones constituye posiblemente el principal procedimiento de redistribución, donde rigen principios de cierta igualdad y estabilidad  social y económica.  En España, el 20 por ciento con mayores ingresos gana 7 veces más que el 20 por ciento con menos renta. Somos el tercer país de la Unión Europea con reparto más desigual. En cambio, la pensión máxima es 4 veces mayor que la mínima. Sin ser un buen indicador, es mucho menos desigual que el reparto de la riqueza en general y el propio Gobierno puede mejorarla sin intervención del mercado.

Lo que está en juego no es si los jubilados del futuro podrán subsistir. Ninguna sociedad civilizada les dejaría morirse de hambre. Lo que se discute es si mantener un sistema público de solidaridad y reparto equitativo, o que cada jubilado  tenga la pensión que buenamente pueda aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente en el pasado para ahorrar.
 

De ahí que una amenaza al sistema público de pensiones no sólo ponga en peligro el bienestar de los jubilados, sino que puede acabar con el último baluarte para una sociedad más justa. Su sostenibilidad no puede analizarse únicamente desde el interior del sistema de pensiones, sino desde la capacidad de la sociedad para disponer de un sistema de reparto justo de la riqueza.

lunes, 26 de septiembre de 2016

ANATOMÍA DEL ASALTO BANCARIO.

¿Dónde están los 30.000 millones de euros del rescate a las cajas, que el Estado no recuperará nunca? No han desaparecido. En realidad se les transfirieron a los grandes bancos que se quedaron con las cajas, en gran medida ya saneadas.

Recuerdo haber escuchado hace ya muchos años a José Manuel Lara, el creador del Grupo Planeta, explicar cómo había comprado su primera editorial. Carecía de dinero para ello y pagó la compra con la venta de los libros que esa misma editorial tenía almacenados. ¿Es eso posible? ¿Se puede comprar una  empresa y pagarla con algo que posee la misma empresa? ¿Y un banco? ¿Se puede quedar alguien con un banco de esa manera? No sé si Lara decía la verdad, si ese fue el procedimiento para comenzar a enriquecerse. Lo que es seguro es que otros lo han conseguido con notable éxito. Además en el siniestro mundo de la banca y a costa de los ciudadanos.

En diciembre de 2013, el Estado acordó  la venta de las cajas gallegas a un banco venezolano, Banesco, que pagó 712 millones de euros. Habían sido nacionalizadas el 30 de septiembre de 2011, agrupadas ya con el nombre de Nova Galicia Banco. El Estado, con el dinero de todos, metió en ellas 9.000 millones de euros. Un año después de ser vendida, Nova Galicia, ya en poder del banco venezolano, que le cambió el nombre para llamarlo Abanca, obtuvo unos beneficios de 1.157 millones de euros. Con ellos pudo pagar las cajas gallegas sin poner un céntimo de su bolsillo y aún le sobró. La consecuencia fue que el Estado perdió 8.300 millones que ya nunca recuperará.

No ha sido esta la mayor pérdida sufrida por el Estado al vender cajas de ahorros a los bancos. El récord lo ostenta Caixa Catalunya, convertida, como el resto, en banco con el nombre Catalunya Banc. Fue nacionalizada, el Estado aportó más de 12.000 millones de euros para sanearla. Y en 2014 se la vendió a BBVA por 782 millones. En este caso lo que han perdido los ciudadanos con ello ha sido  algo más de 11.200 millones de euros, que no volverán a ver. Ese año  la entidad arruinada ganó 123 millones.

En los dos casos, el Estado se había comprometido con la Unión Europea a poner a la venta dichas cajas, la imposición fue a cambio del dinero que prestó a España, el llamado rescate bancario. Daba de plazo hasta finales de 2016. Pero el Gobierno no esperó a conseguir una mejor venta. Se desprendió de ellas, casi las regaló, tres años antes en el primer caso y dos y medio en el segundo. Eso sí, el Estado sigue pagando intereses por el dinero que le prestó Europa, y que tiene que ir devolviendo.

Pero es posible llegar más lejos, por ejemplo, quedarse con una entidad bancaria sin gastarse  ni siquiera lo que hay dentro de ella. Tan sólo con poner un euro. Eso es lo que le costó al BBVA, en marzo de 2012, la compra de tres cajas comarcales catalanas, agrupadas bajo el nombre de UNIM. Incluso se le garantizó que el dinero público costearía el 80 por ciento de posibles pérdidas ¡en los 10 años siguientes! Eran entidades arruinadas a las que el Estado había tenido que aportar antes casi mil millones de euros. 14 meses después de pasar al BBVA, la arruinada  UNIM ya daba beneficios.

Hubo otro caso aun más notable, el del Banco de Valencia. Era propiedad de la primera caja valenciana y en 2012 estaba ya quebrado de hecho. Para sostenerlo el Estado, es decir, todos los ciudadanos, aportó 5.500 millones de euros. Inmediatamente después se lo entregó a la Caixa (no confundir con Catalunya Banc) por el módico precio de un euro. El regalo iba acompañado de un bonito detalle: durante… ¡10 años! el Estado correrá con la gran mayoría de las pérdidas que tenga la Caixa por el “sacrificio de quedarse con un banco fuertemente implantado en la Comunidad Valenciana. Total, otros 5.500 millones más de dinero público que los ciudadanos jamás recuperarán.

Y hay más casos. En diciembre de 2011 se inauguró la costumbre de regalar cajas a algún banco por el módico precio de un euro, tras gastarse enormes sumas en tratar de sanearlas. La primera en salir de la  piñata fue la CAM, la sexta caja española en tamaño y la que se encontraba peor. Se la quedó el Banco Sabadell, tras inyectar en ella más de 5.000 millones de euros el Fondo de Garantía de Depósitos, una hucha oficial a la que aportan los bancos para garantizar el dinero de sus clientes. Ese mismo banco se quedó otra entidad pequeña, el Banco Gallego, acompañado de otro regalito: 245 millones que le metió el Estado.

El dinero que el Estado no va a recuperar suma en lo que llevamos de relato 26.300 millones de euros. Hay que añadir pagos varios a bancos agraciados en el reparto por las posibles pérdidas de las entidades regaladas o por cosas no previstas. También para devolver dinero de las preferentes. Total, otros 3.000 millones largos,  de dinero del Estado. Así se llega a 30.000 millones de euros que nunca volverán. Fueron aportados por los ciudadanos al mismo tiempo que comprobaban como se les recortaba su sanidad, su educación o las ayudas a la dependencia.

No  fue dinero invertido por una decisión política, acertada o no. En ese caso podría llegar a recuperarse. Es dinero público del que sólo podrán sacar partido los bancos que se han quedado con las cajas, en el momento en que lo que permanece de ellas reporte beneficios. Algo que en varios casos ya ha empezado a pasar.

Si alguien tiene una casa en ruinas, se gasta 20.000 millones de euros, pongamos por caso, en rehabilitarla y se la entrega a otra persona, es evidente que los 20.000 millones no han desaparecido. Se los ha quedado el nuevo dueño al que el primero le regaló la casa. Creo que así se entiende bien que los 30.000 millones de euros del rescate de las cajas que el Estado no recuperará jamás, han sido en realidad entregados a los grandes bancos que se han quedado con ellas.


Es sólo una parte del dinero que se gastó el Estado en el rescate a los bancos. Bien contabilizado, suma bastante más de los en total 53.553 millones de euros, de los que se ha hablado. Se acerca a los 69.000 millones. A ellos hay que sumar lo  aportado por el Fondo de Garantía de Depósitos, Hace dos semanas el Banco de España señaló que de todo ese dinero público, el Estado sólo ha recuperado  hasta ahora 2.686 millones.

jueves, 8 de septiembre de 2016

NO ES NADA PERSONAL, SON NEGOCIOS.

La creencia resignada de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar  menos de lo que ganaban sus padres, no cae en la cuenta de que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los que han comenzado a trabajar después.
Dile que lo hice por negocio, yo siempre le quise.
Francis F. Coppola. El Padrino.

Decir que los salarios en España han bajado durante la crisis no es revelar nada a estas alturas. Salvo el ministro Montoro, o en ocasiones el presidente Rajoy, nadie lo niega. No ha sido además un fenómeno espontáneo. La bajada de sueldos ha sido una de las estrategias económicas fundamentales de la política de austeridad, inaugurada en 2010, e intensificada desde que el PP comenzó a gobernar, al acabar 2011.

Rebajar los sueldos de la gente de forma sensible no es fácil. El economista Paul Krugman así lo dice en un libro publicado en 2012. Se basaba en experiencias pasadas. Se pueden reducir los sueldos que reciben los asalariados actuales un par de años, como ha ocurrido, o como mucho, lograr que estos suban menos de lo que aumentan los precios. Por ejemplo, en España, el sueldo medio es ahora de 22.800 euros anuales. En 2008 era algo menos: 21.600.  Pero la inflación, la subida de los precios durante ese tiempo, hace que el dinero ahora tenga menos valor. Si hacemos el cálculo, los 21.600 euros de 2008 serían ahora 23.400 euros, unos 600 más de los 22.800 que ahora se gana. Es decir, el salario medio real ha bajado casi un 3 por ciento desde entonces a hoy.   Es lo que se llama bajada de los salarios reales.

Esto sin embargo,  es sólo una parte insignificante de la bajada salarial. Hay otra forma mucho más eficaz y contundente, y a la vez  mucho más peligrosa, no sólo para el que gana menos, sino para el sistema económico, más en concreto, para el Estado de Bienestar. Esa es la que se practica ahora en España, y posiblemente en otros sitios, con notable resultado. A ello me voy a referir.

El procedimiento consiste no sólo en bajar los sueldos a los que ya tienen un empleo, sino en pagar mucho menos salario a los que comienzan a trabajar. Tomamos datos del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio de los asalariados que tienen entre 20 y 24 años era en 2008 de 13.300 euros al año. En 2014 ese salario de los jóvenes era de 11.800 euros. Es decir, un 13 por ciento más bajo (aquí se incluye lo que paga en el IRPF y por cotizaciones sociales. A casa se lleva menos).

Ese efecto se combina con otro. Los que más ganan se van jubilando y dejan su puesto a nuevos trabajadores que cobran bastante menos. A esto se añade toda una estrategia política y empresarial: las masivas prejubilaciones y otras formas de despido más expeditivas y más baratas para el empresario, han acentuado de forma brusca esa sustitución  impuesta por el ciclo de la vida. La consecuencia es que según avanza el tiempo, se van incorporando  a trabajar nuevas personas y van abandonando el empleo los mejor pagados,  con lo que esa bajada general de sueldo se irá ampliando  más.

No hace mucho escuché el comentario de un amigo de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar menos que lo que ganaron sus padres. Es algo extendido y aceptado con cierta resignación. Quienes esto opinan no caen en la cuenta que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los jóvenes que han comenzado a trabajar, porque ellos son los que aportarán, con sus cotizaciones a la Seguridad Social, el dinero para sostener a los jubilados. Salarios más bajos para jóvenes implicará irremisiblemente menor recaudación para pagar las pensiones.

Y no sólo eso. El dinero del Estado o las comunidades autónomas se obtiene de lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos. La sustitución de salarios más altos por más bajos conllevará una recaudación menor de Hacienda por persona. Habrá menos recursos públicos para educación, sanidad, dependencia, obras públicas y demás.

Pero claro, esto es una media. No todos los salarios han bajado por igual. Ni siquiera todos los salarios han bajado. Nos fijamos en el 10 por ciento de los asalariados que menos cobran. Los que acababan que encontrar un empleo, en 2008 ganaron 495 euros al mes. Era muy poco, pero en 2014 cobraban únicamente 406 euros mensuales. ¡Es un 22 por ciento menos! ¿Qué ocurrió con el 10 por ciento de los que más ganan? Pues que los que tuvieron la suerte de encontrar un empleo bien remunerado, en 2014 ganaron 4.900 euros, un 9 por ciento más que al comienzo de la crisis.  Su salario es 12 veces mayor que los que menos ganan. Seis años antes era 9 veces mayor. ¡Han descendido los sueldos bajos y se han incrementado los altos!

La estrategia  de bajada salarial tenía un objetivo declarado: había que bajar los sueldos para que costase menos dinero fabricar los productos y así poder vender fuera. Es eso que repiten de vez en cuando los ministros y los economistas: ganar competitividad. El resultado es bastante pobre. La diferencia del precio de producción de nuestros bienes frente a los otros países de la Unión Europea ha subido desde 2008 hasta hoy. Frente a otros países  ha bajado ligeramente, pero no por pagar menos sueldos, sino porque el euro vale ahora menos que entonces respecto al dólar. La rebaja salarial no ha mejorado la competitividad.

Pero había otro objetivo no declarado: las empresas querían  aumentar sus beneficios, llevándose una parte mayor de lo que facturan al producir, a costa de gastarse menos en sus trabajadores. De esto se habla muy poco, pero también tiene su expresión técnica: recuperar la tasa de ganancia.  Y el resultado aquí fue claro: si comparamos  la primera mitad de 2016 con la equivalente de 2008, las ganancias empresariales han aumentado, aunque poco: casi el 2 por ciento. En cambio, lo que las empresas pagaron a sus trabajadores ha descendido algo más del 6 por ciento.
Y frente a los objetivos de la rebaja salarial, las dos consecuencias ya relatadas: pone en dificultades el Estado de Bienestar e incrementa la desigualdad.


El instrumento fundamental de todo esto ha sido la reforma laboral. Esta ha facilitado el despido para acelerar, más aun de lo que ya ocurría, la sustitución de trabajadores mejor pagados, por otros con salarios muy bajos, en ocasiones incluso menores que el ya raquítico salario mínimo. Y al tiempo ha debilitado al máximo la negociación colectiva, el único mecanismo que tienen los trabajadores para conseguir mejoras de sueldo. Cuando comenzó la crisis, 5 millones de asalariados no estaban acogidos a un convenio colectivo. Ahora con mucha menos gente trabajando, son más de 7 millones los que carecen de él.