"El secreto de ser aburrido es decirlo todo"

Voltaire.

jueves, 8 de septiembre de 2016

NO ES NADA PERSONAL, SON NEGOCIOS.

La creencia resignada de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar  menos de lo que ganaban sus padres, no cae en la cuenta de que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los que han comenzado a trabajar después.
Dile que lo hice por negocio, yo siempre le quise.
Francis F. Coppola. El Padrino.

Decir que los salarios en España han bajado durante la crisis no es revelar nada a estas alturas. Salvo el ministro Montoro, o en ocasiones el presidente Rajoy, nadie lo niega. No ha sido además un fenómeno espontáneo. La bajada de sueldos ha sido una de las estrategias económicas fundamentales de la política de austeridad, inaugurada en 2010, e intensificada desde que el PP comenzó a gobernar, al acabar 2011.

Rebajar los sueldos de la gente de forma sensible no es fácil. El economista Paul Krugman así lo dice en un libro publicado en 2012. Se basaba en experiencias pasadas. Se pueden reducir los sueldos que reciben los asalariados actuales un par de años, como ha ocurrido, o como mucho, lograr que estos suban menos de lo que aumentan los precios. Por ejemplo, en España, el sueldo medio es ahora de 22.800 euros anuales. En 2008 era algo menos: 21.600.  Pero la inflación, la subida de los precios durante ese tiempo, hace que el dinero ahora tenga menos valor. Si hacemos el cálculo, los 21.600 euros de 2008 serían ahora 23.400 euros, unos 600 más de los 22.800 que ahora se gana. Es decir, el salario medio real ha bajado casi un 3 por ciento desde entonces a hoy.   Es lo que se llama bajada de los salarios reales.

Esto sin embargo,  es sólo una parte insignificante de la bajada salarial. Hay otra forma mucho más eficaz y contundente, y a la vez  mucho más peligrosa, no sólo para el que gana menos, sino para el sistema económico, más en concreto, para el Estado de Bienestar. Esa es la que se practica ahora en España, y posiblemente en otros sitios, con notable resultado. A ello me voy a referir.

El procedimiento consiste no sólo en bajar los sueldos a los que ya tienen un empleo, sino en pagar mucho menos salario a los que comienzan a trabajar. Tomamos datos del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio de los asalariados que tienen entre 20 y 24 años era en 2008 de 13.300 euros al año. En 2014 ese salario de los jóvenes era de 11.800 euros. Es decir, un 13 por ciento más bajo (aquí se incluye lo que paga en el IRPF y por cotizaciones sociales. A casa se lleva menos).

Ese efecto se combina con otro. Los que más ganan se van jubilando y dejan su puesto a nuevos trabajadores que cobran bastante menos. A esto se añade toda una estrategia política y empresarial: las masivas prejubilaciones y otras formas de despido más expeditivas y más baratas para el empresario, han acentuado de forma brusca esa sustitución  impuesta por el ciclo de la vida. La consecuencia es que según avanza el tiempo, se van incorporando  a trabajar nuevas personas y van abandonando el empleo los mejor pagados,  con lo que esa bajada general de sueldo se irá ampliando  más.

No hace mucho escuché el comentario de un amigo de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar menos que lo que ganaron sus padres. Es algo extendido y aceptado con cierta resignación. Quienes esto opinan no caen en la cuenta que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los jóvenes que han comenzado a trabajar, porque ellos son los que aportarán, con sus cotizaciones a la Seguridad Social, el dinero para sostener a los jubilados. Salarios más bajos para jóvenes implicará irremisiblemente menor recaudación para pagar las pensiones.

Y no sólo eso. El dinero del Estado o las comunidades autónomas se obtiene de lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos. La sustitución de salarios más altos por más bajos conllevará una recaudación menor de Hacienda por persona. Habrá menos recursos públicos para educación, sanidad, dependencia, obras públicas y demás.

Pero claro, esto es una media. No todos los salarios han bajado por igual. Ni siquiera todos los salarios han bajado. Nos fijamos en el 10 por ciento de los asalariados que menos cobran. Los que acababan que encontrar un empleo, en 2008 ganaron 495 euros al mes. Era muy poco, pero en 2014 cobraban únicamente 406 euros mensuales. ¡Es un 22 por ciento menos! ¿Qué ocurrió con el 10 por ciento de los que más ganan? Pues que los que tuvieron la suerte de encontrar un empleo bien remunerado, en 2014 ganaron 4.900 euros, un 9 por ciento más que al comienzo de la crisis.  Su salario es 12 veces mayor que los que menos ganan. Seis años antes era 9 veces mayor. ¡Han descendido los sueldos bajos y se han incrementado los altos!

La estrategia  de bajada salarial tenía un objetivo declarado: había que bajar los sueldos para que costase menos dinero fabricar los productos y así poder vender fuera. Es eso que repiten de vez en cuando los ministros y los economistas: ganar competitividad. El resultado es bastante pobre. La diferencia del precio de producción de nuestros bienes frente a los otros países de la Unión Europea ha subido desde 2008 hasta hoy. Frente a otros países  ha bajado ligeramente, pero no por pagar menos sueldos, sino porque el euro vale ahora menos que entonces respecto al dólar. La rebaja salarial no ha mejorado la competitividad.

Pero había otro objetivo no declarado: las empresas querían  aumentar sus beneficios, llevándose una parte mayor de lo que facturan al producir, a costa de gastarse menos en sus trabajadores. De esto se habla muy poco, pero también tiene su expresión técnica: recuperar la tasa de ganancia.  Y el resultado aquí fue claro: si comparamos  la primera mitad de 2016 con la equivalente de 2008, las ganancias empresariales han aumentado, aunque poco: casi el 2 por ciento. En cambio, lo que las empresas pagaron a sus trabajadores ha descendido algo más del 6 por ciento.
Y frente a los objetivos de la rebaja salarial, las dos consecuencias ya relatadas: pone en dificultades el Estado de Bienestar e incrementa la desigualdad.


El instrumento fundamental de todo esto ha sido la reforma laboral. Esta ha facilitado el despido para acelerar, más aun de lo que ya ocurría, la sustitución de trabajadores mejor pagados, por otros con salarios muy bajos, en ocasiones incluso menores que el ya raquítico salario mínimo. Y al tiempo ha debilitado al máximo la negociación colectiva, el único mecanismo que tienen los trabajadores para conseguir mejoras de sueldo. Cuando comenzó la crisis, 5 millones de asalariados no estaban acogidos a un convenio colectivo. Ahora con mucha menos gente trabajando, son más de 7 millones los que carecen de él.

jueves, 7 de julio de 2016

LO QUE EL BREXIT SE LLEVÓ

Lo que los británicos han decidido en referéndum es salir de la Unión Europea de los mercados, la salida de la Europa de los ciudadanos ya se había acordado en una Cumbre sin consultarles. Todo a cambio de que el Reino Unido se quedara.
Quizá vuelva una noche desde el club a su casa, dando traspiés, “pleno de abstinencia”, mareado por el oporto, canturreando estúpidamente: Britons never, never shall be slaves.
K. Marx. El Capital.
                                                                   
Explicar la decisión británica de abandonar la Unión Europea, tomada en referéndum, viene a ser algo así como observar un poliedro de múltiples caras: en cada una de ellas hay una consecuencia para Europa. Además, de momento, sólo podemos ver los polígonos del mismo que se nos muestran desde nuestra posición. El resto de las caras se encuentran ocultas para nosotros, por ahora. Yo me voy a fijar sólo en una de las superficies visibles, aunque debe  de serlo poco, porque extrañamente no se ha hablado de ello.

Lo ocurrido el pasado 23 de junio fue en realidad el último paso del Brexit. Es el que se refiere sobre todo a los negocios, al comercio y a las finanzas. El Brexit que afecta directamente a los europeos, como ciudadanos, se acordó hace ya unos meses, y no fue mediante referéndum, sino en la sala de reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea. Fue en la cumbre del 19 de febrero, en Bruselas.

Ese día, con menos solemnidad que otras veces, los mandatarios europeos decidieron dar por concluido el proyecto de Unión Europea, a cambio de que el Reino Unido no abandonase  lo que iba a volver a ser simplemente un mercado único, con restricciones.  No lo dijeron así, claro. Y algunos de ellos, es posible que todos, no debieron creer que eso sucedía. A la vista de las pocas luces que tuvieron todos los gobernantes para ver venir la crisis, tampoco es de extrañar.

El sábado, 19 de febrero de 2016, los reunidos en Bruselas acordaron acabar  con el derecho a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. No se trata de un derecho cualquiera. La libre circulación de personas constituye la base sobre la que se asienta la Unión Europea. Ello explica que sea el primero de los derechos que figuran en el Tratado, recogido en su artículo 3. Es lógico, no se concibe un sistema democrático donde las personas no puedan moverse libremente. De hecho, el segundo de los tratados, el de funcionamiento de la UE, declara firmemente que “la libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo”. Suena solemne ¿no? Pues eso es lo que de hecho se suprimió, siempre y cuando el Reino Unido votara en referéndum permanecer en lo que ya no sería lo mismo que hasta junio. En realidad la eliminación del citado derecho iba más allá, porque limitaba también el derecho a las prestaciones sociales.

El objetivo de tamaña decisión era satisfacer  al primer ministro británico. Así, recomendaría a sus ciudadanos que votasen en el referéndum por permanecer en la Unión Europea. La destrucción a cambio de derechos y compromisos fundamentales, pasó a considerarse un asunto puramente instrumental. Esas restricciones lógicamente no podían aprobarse para un solo país: lo acordado sobre los derechos laborales y sociales afectaría a todos los Estados. Repasemos algunas, tal y como figuran en la decisión acordada:

-Cualquier Estado podrá prohibir la entrada de personas de otros países comunitarios  que vayan a trabajar, con el  argumento de que eso impide reducir el paro, fomentar la contratación o afectar a la Seguridad Social de ese Estado.

-Pueden denegarse prestaciones sociales a cualquier ciudadano de la Unión Europea que no sea natural del país donde reside.

-Se podrá prohibir también que un ciudadano que no trabaje viva en un país de la Unión Europea que no sea el suyo, si no demuestra que tiene dinero para mantenerse.

-Cualquier ciudadano de la Unión Europea podrá ser expulsado de otro país comunitario sin que medie una acusación o condena, simplemente  como prevención ante lo que de forma inconcreta se cataloga de amenaza, aunque esta no sea inminente.
Lo descrito puede leerse en el siguiente enlace:


Todo esto a cambio de que el Reino Unido se quedase en la organización, llamémosla así, para diferenciarla de lo que es una auténtica Europa de los ciudadanos. Si al final Gran Bretaña se iba, lo pactado quedaba en papel mojado.

La Unión Europea está fundamentada en las llamadas cuatro libertades:

Primera,  la libre circulación de personas, que incluye, no sólo la potestad de desplazarse libremente por todos los territorios de la Unión, sino además de establecerse en cualquiera de los 28 países y disfrutar de los mismos derechos que los nacionales. Es la más importante, como hemos dicho, porque afecta personalmente a los ciudadanos.

Segunda, la libre circulación de  mercancías. Tercera, la libre circulación de capitales. Y cuarta, la libre de prestación de servicios.
 
Lo que los británicos han rechazado en referéndum ha sido estas tres últimas libertades, las de las empresas. La primera y fundamental ya estaba suprimida sin la intervención directa de sus afectados, los ciudadanos. Es por tanto lógico que el revés haya afectado directamente a los mercados y tenga en vilo al mundo del dinero. Obviamente esto tiene consecuencias para los ciudadanos, dependientes de la buena salud de los negocios.

No es difícil que los mercados salgan airosos de este trance. Un Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido puede satisfacer todas las necesidades de las empresas, de las compañías financieras y de los que manejan el dinero  para actuar en ambos territorios: el de la UE y el de Gran Bretaña. Sólo quedaría eliminado el derecho de los ciudadanos a ser tratados como iguales en ambos lados del Canal de la Mancha. Pero, como se explicaba antes, esto ya se había acordado sin referéndum alguno.

Las consecuencias negativas serán para  la Unión Europea, especialmente si el Reino Unido sale bien parado con su marcha, porque puede demostrar que la insolidaridad y la desunión también funcionan para algunos y que el objetivo no era crear una Europa de los ciudadanos sino de los mercados.

Eso sí, para meter miedo a la gente sin explicar de verdad las cosas, el Brexit  ha venido que ni pintado.

viernes, 8 de abril de 2016

SE SOBREPASÓ EL DÉFICIT, AFORTUNADAMENTE

Muchos de los que claman contra la austeridad, (muy mal vista por los ciudadanos) se lamentan de que no se haya cumplido con el ajuste del déficit, que es la materialización de la austeridad. Es una clara contradicción y en clave política populismo en estado puro,
La contradicción al hacer afirmaciones es aparentemente fácil de detectar. Por ejemplo, si alguien dice que es bueno alimentarse y añade que es malo comer, cualquiera  entiende que ha formulado dos juicios contradictorios. Sin embargo, no siempre la contradicción es tan patente. En política,  en economía o en el debate social  los medios de comunicación recogen frecuentes contradicciones que se lanzan cargadas de un aparente buen juicio. Voy a referirme a una.

Se pregunta,  por ejemplo,  a un experto si está de acuerdo con la política de austeridad. Responde que  no, porque dificulta la salida de la crisis y además es injusta, al  recortar gastos necesarios para la mayoría social. Le pedimos al mismo experto su opinión sobre el hecho de que España haya superado con claridad el límite de déficit público acordado por la Unión Europea para nuestro país. Y nos responde que es un desastre, porque el Gobierno no ha sido capaz de ajustar los ingresos y los gastos públicos. Suena tan normal ¿No? Yo se lo he escuchado a varios políticos del PSOE, o a analistas económicos, que aparentemente se han expresado con todo rigor. Y se trata de una contradicción encubierta, porque la reducción del déficit,  tal y como manda Bruselas, es precisamente la materialización de la política de austeridad y la causa de los recortes todos estos años.

La semana pasada se publicó que en 2015 España sobrepasó en 11.000 millones de euros el límite de déficit que le había fijado la Unión Europea. Vamos a lo concreto, para no hacernos un lío.

De acuerdo con el Pacto Europeo de  Estabilidad, los gastos públicos de ningún país deben sobrepasar sus ingresos por encima del 3 por ciento de su actividad económica, de su PIB. En dinero, eso para España serían 32.000 millones de euros.  En época de verdadero crecimiento económico esto es posible. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social recaudan suficiente con los impuestos y con las cotizaciones sociales. Al mismo tiempo, tienen que gastar menos en el pago a los parados. De hecho, durante el periodo de “vacas gordas”, en 2005, 2006 y 2007, España tuvo superávit, el gasto de las administraciones públicas fue menor que sus ingresos. 

Pero con la crisis, todo eso se vino abajo. Aquí y en el resto de los países el déficit aumentó muy por encima de lo permitido. En España, mucho más. Pese a todo, la Unión Europea persistió en su decisión, y obligó a los Estados a reducir el déficit paulatinamente para llegar cuanto antes a ese límite del 3 por ciento. No es un asunto técnico, sino que tiene efectos directos sobre la economía y la población.  Es la política de la austeridad.

Ha supuesto recortar los gastos sociales, innecesarios para los ricos, pero imprescindibles para la mayoría de la gente con ingresos medios y bajos. Y recortar el dinero para obras públicas, que crean empleo,  o el destinado a investigación, necesario para mejorar la economía.

También  ha supuesto subir los impuestos, pero no todos, sólo los que paga la gente corriente, el IVA y el de la renta. El impuesto de sociedades, el que pagan las empresas o muchos ricos, no lo ha hecho. Al contrario, con él cada vez se paga menos. Valgan unas cifras: en 2014 con el impuesto de la renta, el IRPF, se recaudaron 70.000 millones de euros, casi 6.000 millones más que en 2006, a pesar de que de que trabajaban 2 millones y medio de personas menos. En cambio, con el impuesto de sociedades se recaudaron tan sólo 18.500 millones de euros, menos de la mitad que en 2006, pese a que las ganancias empresariales eran un 7 por ciento mayores.

El 2015 España debía tener un déficit equivalente al 4,2 por ciento de toda la actividad económica, del PIB. Son poco más de 45.000 millones de euros. Suponía reducirlo en 16.000 millones respecto al año anterior. Se ha quedado muy lejos: el déficit ha sido 11.000 millones mayor del previsto….afortunadamente, porque con 11.000 millones  menos de déficit la economía hubiera ido peor. Ángel Laborda, experto de Funcas, centro de investigación económica de las cajas de ahorros, calcula que de haberse cumplido el déficit impuesto por la Unión Europea, el crecimiento hubiese sido medio punto más bajo, según le dijo a El Diario.es.

¿Qué ocurrió? Montoro, el ministro de Hacienda,  echa la culpa a las comunidades autónomas. Estas tuvieron un déficit 10.400 millones superior a lo previsto. Pero todo se debió a que, pese a la mejoría económica, su recaudación fue mucho más baja de lo esperado. No fue un exceso de gasto: de hecho el gasto fue más bajo de lo presupuestado. Pese a lo que se cuenta de la mejora económica, nuestra economía no recaudó lo previsto. Le ocurrió también a la Seguridad Social: los asalariados ganan menos y las cotizaciones fueron mucho menores de lo calculado.

Esto significa que la economía española no está recuperada para pagar sus gastos, por mucho que se recorte. Mejor dicho, como se recorta, para tratar de cumplir el déficit que manda la Unión Europea, la economía no tira lo suficiente para recaudar más y así tratar de cubrir los gastos presupuestarios.


¿Quién ha impuesto esta dinámica perversa? Pues la Unión Europea, que exige infructuosamente que se cumpla el objetivo de déficit. Es por tanto la Unión Europea y su política de austeridad la responsable. ¿Alguien ha oído a la Comisión Europea corresponsabilizarse de este fracaso? Se podía esperar que no lo hiciera, por supuesto. Lo que no parece normal es que su mensaje, exigiendo más ajustes, haya sido recibido tan sólo como un reproche al Gobierno. Muchos de los que claman contra la austeridad,  (muy mal vista por los ciudadanos) se lamentan de que no se haya cumplido con el ajuste del déficit (en sintonía con la Unión Europea, que ha impuesto la austeridad). Es una clara contradicción y en clave política populismo en estado puro, porque la mayoría de los ciudadanos no captan el desafuero y se quedan sólo con las críticas a los recortes.   Nada más conocer el afortunado incumplimiento del déficit, que evitó más recortes aún y un posible empeoramiento de la economía, el responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla,  reconocía que esto complicaba la gestión del próximo Gobierno. Es algo como decir: qué faena, los ajustes que no hizo Rajoy los tendremos que hacer ahora nosotros.