El problema de los socialistas en los últimos
años ha sido creer que, para defender el estado de bienestar bastaba con proclamarlo, y
dejar que los mercados hicieran el resto. La crisis demostró el error, y el
ajuste como salida de la crisis, lo acentuó
El pasado 17 de octubre Estados Unidos se salvó
in extremis de una suspensión de pagos. Los republicanos habían utilizado su
mayoría en la Cámara de Representantes para chantajear a Obama. No le
autorizarían emitir más deuda, pedir más dinero prestado, si no aceptaba sus
posiciones. No era la primera vez. El asunto quedó provisionalmente superado. En los días
previos se suscitó sin embargo una disyuntiva insólita. Si se llegaba a carecer
de dinero suficiente para pagar todo lo que el Gobierno debía, ¿Cuál habría de
ser la prioridad? ¿Pagar la deuda pública o las prestaciones sociales? Era un dilema
cargado de sentido práctico: si se apostaba por devolver la deuda se mantendría la confianza de los mercados. Pero
podía ocurrir lo contrario: un país, que no es capaz de cumplir con las
obligaciones mínimas hacia sus ciudadanos, podía ver caer su credibilidad en picado. El dilema encerraba también un problema
ideológico: ¿Qué son primero los
mercados financieros o las personas? El acuerdo alcanzado evitó ir más
allá.
España no se ha visto en
tiempos actuales ante semejante situación. Pero aquí el dilema lo tenemos
resuelto desde el 27 de septiembre de 2011. La reforma constitucional,
impulsada por el gobierno socialista y aprobada en 10 días, estableció que el pago de la deuda pública “gozará de
prioridad absoluta”. Es decir, se pagará antes la deuda que atender las
necesidades mínimas de los ciudadanos. Es la misma reforma que elevó a
constitucional la prohibición del déficit público.
Fue la culminación de un
giro radical en la estrategia frente a la crisis que se inició en mayo de 2010,
pero la reforma constitucional reviste si cabe una mayor trascendencia. ¿Por
qué, si de ella no se deriva más que lo que venía haciéndose ya desde mayo de
2010? Porque suponía
elevar a la categoría de principio constitucional, de norma básica y
permanente, la política del ajuste y de la primacía de los mercados, que el
gobierno socialista presidido por Zapatero había adoptado en mayo de 2010 y que
se presentó como algo coyuntural y desesperado.
Lo explicado hasta ahora
viene a colación de la Conferencia
Política que acaba de celebrar el PSOE con el propósito de reafirmar sus principios
y revisar su programa. La ponencia
política que allí se ha presentado aborda el asunto. Pero lo hace en dos
párrafos que suman 24 líneas en un documento que tiene 324 páginas. ¿Y qué
dice? En resumen, que lo hicieron mal, pero que no había otro remedio y que no
lo explicaron bien. En síntesis equivale reconocer errores, pedir perdón y
pasar página.
No
es perdón lo que debe ofrecerse, ni simplemente reconocer
errores. Ambas cosas carecen de sentido práctico. Lo que cabía esperar es que los socialistas comprobasen con datos si había
sido inevitable semejante giro y valorasen
qué efectos tuvieron esas decisiones.
Hasta ahora eso no lo he visto en parte alguna.
Repasemos como estaban las
cosas. El 10 de mayo de 2010 Zapatero y
su equipo económico fueron convencidos de que el interés que tenía que pagar el
Estado por pedir dinero prestado caminaba hacia niveles que no podría pagar y
que llevarían a la intervención de España, si no aplicaba un severo ajuste y
abarataba el despido. Sólo así bajaría el interés.
En ese momento el interés de
la deuda que se toma de referencia (el bono a 10 años) era del 4,43 por ciento.
Y la prima de riesgo (la diferencia entre este interés y el del bono
equivalente alemán se situaba en 164
puntos).
Siete
meses después, con el ajuste exigido ya en marcha, el interés del bono era notablemente
mayor, del 5,32 por ciento .y la prima de riesgo había subido a 291 puntos. ¿Había evitado el
ajuste que subiera la prima de riesgo? Los datos, no la retórica, dicen que no.
¿Esa escalada había obligado a una
intervención de España? Los hechos, no la retórica, dicen que no, porque la
prima de riesgo, y por tanto el interés del bono, continuó su ascenso tras el
ajuste y no hubo intervención alguna durante todo el mandato socialista.
Tan es así que más de un año
después, en agosto de 2011 la prima de
riesgo rebasó los 400 puntos, a pesar del ajuste. El miedo es libre y la
capacidad de ceder ante los que te meten
miedo también. A esas alturas Zapatero elevó a rango constitucional principios de
marcado carácter neoliberal: la prohibición de déficit público y el anteponer
el pago de la deuda a las necesidades más imperiosas de los ciudadanos. La ponencia política de la recién
clausurada Conferencia Socialista asegura que se hizo “con el fin de transmitir
seguridad y solvencia a los tenedores de la deuda española”. ¿Se transmitió?
Los datos dicen que no, aunque la retórica diga lo contrario. La prima de
riesgo siguió escalando: dos meses después del
sometimiento constitucional a los mercados subió a los 472 puntos. Y
esto no era nada para lo que vino cuando el PP acentuó el ajuste. En julio de 2012 llegó a 637 puntos.
Ahora descendemos a la economía real. ¿Tuvo
consecuencias el giro hacia el ajuste? La ponencia política socialista asegura
que el efecto se agravó por “la recesión, que comenzó de nuevo en el verano de
2011”. ¿No se han preguntado si fue
precisamente el ajuste el que trajo de nuevo la recesión en el verano de 2011?
En 2010, el paro en España
aumentó en 370.000 personas. Aplicado el ajuste, en 2011, el aumento fue de
577.000. Y en 2012 hubo 692.000 más.
Pese a los reiterados
ajustes, ningún año se consiguió reducir el déficit público, el exceso de gasto
sobre la escasez de ingresos, como se había planificado en los
correspondientes presupuestos. Los gastos se recortaban, pero la recaudación de
impuestos no aumentaba lo previsto, por la caída de la actividad económica.
Tampoco analizan los socialistas las consecuencias del ajuste iniciado en mayo
de 2010.
Lo que he descrito hasta
ahora no es un ejercicio de mirar hacia atrás para hurgar en la herida. La estrategia del ajuste inaugurada en mayo
de 2010 sigue vigente. Es la que determina toda la política económica y
social de España y de la Zona Euro. La
diferencia es que el PP la ha intensificado sin límite alguno. Por ello parece lo
más lógico que los socialistas la evalúen con sentido crítico desde su origen.
El
principal problema de los socialistas en los últimos años ha sido creer que,
para defender y desarrollar el estado de
bienestar bastaba con proclamarlo, y dejar que los mercados hicieran el resto.
La crisis demostró el error, y el ajuste como salida de la crisis, elevado a
rango constitucional, lo acentuó.
Pues sí, Emilio, menudo panoli fue ZP, se puso muy estupendo y muy "Rey Sol" (L'Etat c'est moi), con aquello de "cuésteme lo que me cueste", sobre todo porque él ya estaba amortizado y sabía que iba a quedarse en su cómodo status de jarrón chino, que diría Felipe, o de consejero de estado, que viene a ser lo mismo, y quienes han pagado y siguen pagando el precio han sido los españoles, especialmente los pertenecientes a las clases más desfavorecidas. ¿Y esto no tiene vuelta atrás? Esa estúpida reforma constitucional, digo.
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