"El secreto de ser aburrido es decirlo todo"

Voltaire.

domingo, 22 de febrero de 2015

AQUÍ SE JUEGA.

El perdón compasivo, el disimulo o la inacción ante los    grandes defraudadores fiscales ha ido acompañado de gestos hipócritas. Mientras el Gobierno de Zapatero perdonaba a los defraudadores de la lista Falciani prometía un esfuerzo de solidaridad de los que más tienen. Cuando el de  Rajoy aprobó la amnistía fiscal, anunció que no subiría el IVA y habló de un sistema de impuestos equitativo.
Se asombró al enterarse, por los libros de contabilidad, de que algunos jugadores recibían importantes adelantos, pues ignoraba que, para que la gente juegue, es necesario estimularla.
Los sótanos del Majestic
George Simenón
                                                                                                       

El ministro que implantó en España el IRPF, Francisco Fernández Ordoñez, contaba años después de que eso sucediera, que sólo tenía amigos que eran personas jurídicas y no personas físicas. La anécdota se la escuché en el Congreso de los Diputados al vicepresidente económico, Pedro Solbes. Era el año 2004. Con ello quería explicar cómo en su entorno de forma generalizada cada contribuyente constituía una sociedad para evitar pagar en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y hacerlo en el de sociedades cuyo tipo impositivo era claramente más bajo.

El comentario no tenía por objeto quejarse de esa transmutación de lo físico en lo jurídico, sino reclamar un tipo impositivo máximo igual para ambos casos o, lo que era lo mismo, bajar el IRPF para los que más ganan. No se tienen noticias de que esa costumbre detectada por Francisco Fernández Ordóñez entre sus amigos haya desaparecido. Incluso con el paso del tiempo se perfeccionó. Se crearon las Sicav, no para los adinerados, sino para los ricos, ricos. Con ellas el pago al fisco no pasa de ser una propina: el 1 por ciento de lo que se posee, engorde lo que engorde la Sicav con los ingresos de cada momento.

Con todo y con eso,  este modo de minitributación no dejaba de ser insatisfactoria, a la vista del dinero escondido en paraísos fiscales. Vamos  ahora a hechos más concretos. En mayo de 2010 las autoridades francesas comunicaron formalmente al Gobierno español que 1.500 personas tenían unos 6.000 millones de euros ocultos en cuentas del banco HSBC en Suiza. Es la parte española de la lista que Hervé Falciani había extraído de esa entidad, el fraude fiscal más grande jamás detectado y documentado.

Hacemos memoria. Ese mismo mes, el 20 de mayo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó la reducción en un 5 por ciento del sueldo de más de 3 millones de españoles, los empleados públicos. También la congelación de las pensiones de 8 millones de personas. Era la aplicación de las medidas anunciadas por Zapatero el 15 de marzo: “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. La vicepresidenta económica entonces, Elena Salgado, transmitió, en la rueda de prensa en la que detallaba el tajo, una promesa de Zapatero, "en el momento oportunopresentaremos una propuesta para que haya un esfuerzo de solidaridad por parte de aquellas personas que más tienen". Nunca se volvió a saber más de ese "esfuerzo de solidaridad", excepto que se tratase de lo siguiente:

Pocos días después, el 16 de junio de 2010, la Agencia Tributaria avisó a 659 de los defraudadores de la lista Falciani para darles la oportunidad de que declarasen lo defraudado. No les abría inspección alguna y colaboraba de ese modo en tapar el delito fiscal. Se trataba de una amnistía encubierta en toda regla. Es conocido que el trozo más grande de esa tarta correspondía a la familia Botín: 2.000 millones de euros de dinero opaco, por los que pagó al fisco poco más de 200 millones. Eso significa que tributó un 10 por ciento por años de ocultación de ese capital, aproximadamente el mismo tipo que paga en España el que gana 16.000 euros al año, naturalmente sin defraudar a Hacienda.

Nunca se escuchó al Partido Popular quejarse de este tratamiento, de este “esfuerzo de solidaridad”, aplicado por el Gobierno de Zapatero, a pesar de que entonces se quejaba hasta del respirar de cualquier ministro. Pero, por si había alguna duda, el nuevo Gobierno de Rajoy, quiso también contribuir a ese “esfuerzo de solidaridad de los que más tienen”. Lo hizo tres meses después de llegar al poder. El 30 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros autorizó a todos los defraudadores fiscales a ponerse a bien con el fisco pagando tan sólo el 10 por ciento de lo declarado que no hubiese prescrito. Daba igual la cantidad. Es la conocida amnistía fiscal. Cristóbal Montoro y el Boletín Oficial del Estado la llaman Declaración Tributaria Especial. Se acogieron a ella 31.500 contribuyentes, que declararon casi 40.000 millones de euros. Por ellos pagaron 1.200 millones. Es decir, tributaron un 3 por ciento del dinero que tenían oculto al fisco, porque una parte del fraude estaba prescito.

De nuevo hacemos memoria. Tres meses y medio después, el mismo Gobierno de Rajoy rebajó el sueldo de empleados públicos ese año un 7 por ciento, mediante la supresión de la paga extra de diciembre, entre otros muchos sacrificios pedidos a los ciudadanos.
No entro en detalles más conocidos y ejemplarizantes, como el dinero negro con el que el PP pagó las obras de su sede, los sobresueldos en negro cobrados por Rajoy y el resto de los máximos dirigentes del PP, el fraude fiscal del que la justicia acusa a la Infanta Cristina, a pesar de que la Agencia Tributaria trataba de exculparla con el argumento de que era correcto que se hubiera deducido unas facturas reconocidas como falsas.

Y todo con un ministro, Cristóbal Montoro, que ha hecho de  los datos confidenciales de la Agencia Tributaria un instrumento de extorsión política a su servicio. “¿No tendrá usted algún asunto pendiente con Hacienda?”, me podría decir Montoro, si leyera esto. Lo ha hecho con medios de comunicación, con actores o con políticos.

En fin, todo esto me recuerda una escena de la película Casablanca, muchas veces citada en situaciones como estas. Es aquella en la que el capitán Renault, policía corrupto, ordena desalojar y cerrar el bar de Rick, por decisión del mando alemán. “¿Con qué derecho me cierra usted el local?”, pregunta airado Rick. “¡Es un escándalo, he descubierto que aquí se juega!”, responde el jefe de policía, mientras recibe el dinero de sus ganancias en la ruleta que le entrega un camarero.