El perdón compasivo,
el disimulo o la inacción ante los grandes defraudadores fiscales ha ido acompañado de gestos hipócritas.
Mientras el Gobierno de Zapatero perdonaba a los defraudadores de la lista
Falciani prometía un esfuerzo de
solidaridad de los que más tienen. Cuando el de Rajoy aprobó la amnistía fiscal, anunció que
no subiría el IVA y habló de un sistema de impuestos equitativo.
Se asombró al enterarse, por los libros de contabilidad, de que
algunos jugadores recibían importantes adelantos, pues ignoraba que, para que
la gente juegue, es necesario estimularla.
Los sótanos del Majestic
George Simenón
El ministro que implantó en
España el IRPF, Francisco Fernández Ordoñez, contaba años después de que eso
sucediera, que sólo tenía amigos que
eran personas jurídicas y no personas físicas. La anécdota se la escuché en
el Congreso de los Diputados al vicepresidente económico, Pedro Solbes. Era el
año 2004. Con ello quería explicar cómo en su entorno de forma generalizada
cada contribuyente constituía una sociedad para evitar pagar en el Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas y hacerlo en el de sociedades cuyo tipo
impositivo era claramente más bajo.
El comentario no tenía por
objeto quejarse de esa transmutación de lo físico en lo jurídico, sino reclamar
un tipo impositivo máximo igual para ambos casos o, lo que era lo mismo, bajar
el IRPF para los que más ganan. No se tienen noticias de que esa costumbre
detectada por Francisco Fernández Ordóñez entre sus amigos haya desaparecido.
Incluso con el paso del tiempo se perfeccionó. Se crearon las Sicav, no para
los adinerados, sino para los ricos, ricos. Con ellas el pago al fisco no pasa
de ser una propina: el 1 por ciento de lo que se posee, engorde lo que engorde
la Sicav con los ingresos de cada momento.
Con todo y con eso, este modo de minitributación no dejaba de ser insatisfactoria,
a la vista del dinero escondido en paraísos fiscales. Vamos ahora a hechos más concretos. En mayo de 2010
las autoridades francesas comunicaron formalmente al Gobierno español que 1.500
personas tenían unos 6.000 millones de euros ocultos en cuentas del banco HSBC
en Suiza. Es la parte española de la
lista que Hervé Falciani había extraído de esa entidad, el fraude fiscal más
grande jamás detectado y documentado.
Hacemos memoria. Ese mismo
mes, el 20 de mayo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó la reducción en un 5
por ciento del sueldo de más de 3 millones de españoles, los empleados
públicos. También la congelación de las pensiones de 8 millones de personas.
Era la aplicación de las medidas anunciadas por Zapatero el 15 de marzo:
“cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. La vicepresidenta
económica entonces, Elena Salgado, transmitió, en la rueda de prensa en la que
detallaba el tajo, una promesa de Zapatero, "en el momento oportunopresentaremos una propuesta para que haya un esfuerzo de solidaridad por parte de aquellas personas que más tienen". Nunca se volvió a saber más de ese "esfuerzo de solidaridad", excepto que se tratase de lo siguiente:
Nunca se escuchó al Partido
Popular quejarse de este tratamiento, de este “esfuerzo de solidaridad”,
aplicado por el Gobierno de Zapatero, a pesar de que entonces se quejaba hasta
del respirar de cualquier ministro. Pero, por
si había alguna duda, el nuevo Gobierno de Rajoy, quiso también contribuir a
ese “esfuerzo de solidaridad de los que más tienen”. Lo hizo tres meses
después de llegar al poder. El 30 de
marzo de 2012, el Consejo de Ministros autorizó a todos los defraudadores
fiscales a ponerse a bien con el fisco pagando tan sólo el 10 por ciento de lo
declarado que no hubiese prescrito. Daba igual la cantidad. Es la conocida
amnistía fiscal. Cristóbal Montoro y el Boletín Oficial del Estado la
llaman Declaración Tributaria Especial. Se acogieron a ella 31.500
contribuyentes, que declararon casi 40.000 millones de euros. Por ellos pagaron
1.200 millones. Es decir, tributaron un 3 por ciento del dinero que tenían
oculto al fisco, porque una parte del fraude estaba prescito.
No entro en detalles más
conocidos y ejemplarizantes, como el dinero negro con el que el PP pagó las
obras de su sede, los sobresueldos en negro cobrados por Rajoy y el resto de
los máximos dirigentes del PP, el fraude fiscal del que la justicia acusa a la
Infanta Cristina, a pesar de que la Agencia Tributaria trataba de exculparla
con el argumento de que era correcto que se hubiera deducido unas facturas
reconocidas como falsas.
Y todo con un ministro, Cristóbal Montoro, que ha hecho de los datos confidenciales de la Agencia
Tributaria un instrumento de extorsión política a su servicio. “¿No tendrá usted
algún asunto pendiente con Hacienda?”, me podría decir Montoro, si leyera esto.
Lo ha hecho con medios de comunicación, con actores o con políticos.