"El secreto de ser aburrido es decirlo todo"

Voltaire.

martes, 25 de octubre de 2016

LAS PENSIONES Y SU HUCHA.

Lo que está en juego es mantener un sistema público de pensiones solidario y equitativo, o que cada jubilado  tenga la pensión que buenamente pueda aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente en el pasado para ahorrar. 
No le añadas a las penurias de la realidad los miedos de la imaginación.                                                                              Luis Landero. El guitarrista.

A veces lo que parece hecho para evitar sobresaltos, miedos o inquietudes, llegado el momento tiene la cualidad de provocar lo contrario. Es lo que está ocurriendo con el  Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La creencia popular, nada espontánea, porque fue ampliamente difundida por los gobernantes, era que la hucha de las pensiones, había ido engordando y nos libraría del peligro de que un día no hubiera dinero suficiente para pagar a los jubilados.

Ahora, ese Fondo va a quedar vacío. El Gobierno del PP ha utilizado el dinero para evitar un déficit público mayor. Y lo que antes era motivo de tranquilidad se transforma en temor de que esto ponga en peligro las pensiones públicas.  La verdad es que ni esa hucha garantizaba pensión alguna, ni el peligro para la Seguridad Social está en que se quede vacía. Es algo así como pensar que el problema de un parado es que se ha tenido que gastar el dinero que había ahorrado para las próximas vacaciones, cuando su drama es que no tiene un empleo por el que cobrar cada mes.

El sistema de pensiones públicas se basa en que los jubilados reciben una parte del dinero que ganan los que ahora trabajan. El peligro, por tanto, está en que trabaja menos que gente que antes, y lo que es casi tan grave, los que tienen un empleo ahora cobran menos. La consecuencia no hay ni que decirla: aportarán por ello menos para costear las pensiones.

En realidad el objetivo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social no era asegurar el cobro de las pensiones. Fue una recomendación del Pacto de Toledo, el acuerdo suscrito en 1995 por las fuerzas parlamentarias, sobre el sistema de pensiones públicas. Su propósito era que, en los momentos de recesión, hubiese dinero ahorrado, para evitar así el déficit, es decir, que los gastos de pensiones fuesen mayores que los ingresos de la Seguridad Social, y hubiese que endeudarse o que elevar la cotización que pagan los trabajadores. Se puede consultar el texto de Pacto de Toledo para comprobar que es así.

Lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha apostado de lleno por un modelo para salir de la crisis basado en facilitar todo lo posible el despido de los asalariados y su sustitución, cuando esta se produce, por otros que cobran claramente menos. Es un modelo injusto, porque hace recaer todo el coste de la crisis sobre los asalariados y por tanto a favor de las empresas, que, pagando menos, aumentan su tasa de ganancia, es decir, se llevan una porción mayor en el reparto de la riqueza del país. En cifras, los que se incorporan a trabajar ahora, es decir, los que pagarán con sus cotizaciones las pensiones del futuro, cobran entre un 12 y un 7 por ciento menos que en 2008. Y lo que les está tocando es ocupar puestos de trabajadores despedidos, que cobraban claramente más. Este modelo no ha conseguido sin embargo una recuperación suficiente del empleo: ahora hay casi dos millones de personas menos cotizando a la Seguridad Social que en 2008.

Pero, además, es un modelo que impide que la Seguridad Social obtenga dinero suficiente para pagar las pensiones. En 2008, al comienzo de la crisis, los trabajadores aportaron con sus cotizaciones 107.000 millones de euros al sistema público de pensiones. En 2015, tan sólo 99.000 millones. Incluso, en 2011, justo antes de que el PP llegara al Gobierno, aportaron más que ahora (102.000 millones)  pese a haber prácticamente las mismas personas trabajando. Y eso que el dinero, por el efecto lógico de la inflación, ahora vale menos. Es porque hay menos empleo, pero también, porque los nuevos trabajadores cobran menos que los anteriores. Por término medio, cada afiliado a la Seguridad Social aportó 5.848 euros en 2011. En 2015, esa aportación media había disminuido hasta los 5.818 euros. Y hay que recordar  de nuevo que el dinero de ahora vale menos. Esa menor cotización irá extendiéndose con los años mientras los nuevos contratados ganen menos que los trabajadores a los que sustituyen.

Ese fenómeno es lo que más pone en riesgo el sistema de pensiones públicas actual. Más incluso que el aumento de pensionistas. Con un alto nivel de empleo y salarios, que aumenten más que las pensiones, estas estarán garantizadas. No sólo es el crecimiento, imprescindible, sino el reparto justo de la riqueza el que las hace posible.

El gobierno ha hecho un uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta agotarlo. Se ha fundido 57.000 millones de euros, sólo para que, ante la Unión Europea, España presentase un déficit menor.  Sobre todo desde 2014, en que la economía volvió a crecer y no había el argumento de la recesión para sacar dinero de la hucha de las pensiones. Si la Seguridad Social tenía déficit era más lógico pedir dinero prestado, emitiendo deuda. Por ella habría pagado en 2015 un 0,34 por ciento de interés, mientras que el dinero que tenía en el Fondo de Reserva, colocado en deuda pública más antigua, rentaba a la Seguridad Social el 1,05 por ciento. Gastándolo ha dejado de ingresar más en intereses que lo que pagaría por los préstamos para cubrir el déficit.

Pero el vaciamiento del Fondo de Reserva o el aumento de los pensionistas no deben servir de instrumento para meter miedo a la gente. El paso siguiente  en ese caso puede ser hacer ver a los ciudadanos que no queda otra que restringir el actual sistema de pensiones para poder mantenerlo.

El sistema público de pensiones constituye posiblemente el principal procedimiento de redistribución, donde rigen principios de cierta igualdad y estabilidad  social y económica.  En España, el 20 por ciento con mayores ingresos gana 7 veces más que el 20 por ciento con menos renta. Somos el tercer país de la Unión Europea con reparto más desigual. En cambio, la pensión máxima es 4 veces mayor que la mínima. Sin ser un buen indicador, es mucho menos desigual que el reparto de la riqueza en general y el propio Gobierno puede mejorarla sin intervención del mercado.

Lo que está en juego no es si los jubilados del futuro podrán subsistir. Ninguna sociedad civilizada les dejaría morirse de hambre. Lo que se discute es si mantener un sistema público de solidaridad y reparto equitativo, o que cada jubilado  tenga la pensión que buenamente pueda aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente en el pasado para ahorrar.
 

De ahí que una amenaza al sistema público de pensiones no sólo ponga en peligro el bienestar de los jubilados, sino que puede acabar con el último baluarte para una sociedad más justa. Su sostenibilidad no puede analizarse únicamente desde el interior del sistema de pensiones, sino desde la capacidad de la sociedad para disponer de un sistema de reparto justo de la riqueza.

lunes, 26 de septiembre de 2016

ANATOMÍA DEL ASALTO BANCARIO.

¿Dónde están los 30.000 millones de euros del rescate a las cajas, que el Estado no recuperará nunca? No han desaparecido. En realidad se les transfirieron a los grandes bancos que se quedaron con las cajas, en gran medida ya saneadas.

Recuerdo haber escuchado hace ya muchos años a José Manuel Lara, el creador del Grupo Planeta, explicar cómo había comprado su primera editorial. Carecía de dinero para ello y pagó la compra con la venta de los libros que esa misma editorial tenía almacenados. ¿Es eso posible? ¿Se puede comprar una  empresa y pagarla con algo que posee la misma empresa? ¿Y un banco? ¿Se puede quedar alguien con un banco de esa manera? No sé si Lara decía la verdad, si ese fue el procedimiento para comenzar a enriquecerse. Lo que es seguro es que otros lo han conseguido con notable éxito. Además en el siniestro mundo de la banca y a costa de los ciudadanos.

En diciembre de 2013, el Estado acordó  la venta de las cajas gallegas a un banco venezolano, Banesco, que pagó 712 millones de euros. Habían sido nacionalizadas el 30 de septiembre de 2011, agrupadas ya con el nombre de Nova Galicia Banco. El Estado, con el dinero de todos, metió en ellas 9.000 millones de euros. Un año después de ser vendida, Nova Galicia, ya en poder del banco venezolano, que le cambió el nombre para llamarlo Abanca, obtuvo unos beneficios de 1.157 millones de euros. Con ellos pudo pagar las cajas gallegas sin poner un céntimo de su bolsillo y aún le sobró. La consecuencia fue que el Estado perdió 8.300 millones que ya nunca recuperará.

No ha sido esta la mayor pérdida sufrida por el Estado al vender cajas de ahorros a los bancos. El récord lo ostenta Caixa Catalunya, convertida, como el resto, en banco con el nombre Catalunya Banc. Fue nacionalizada, el Estado aportó más de 12.000 millones de euros para sanearla. Y en 2014 se la vendió a BBVA por 782 millones. En este caso lo que han perdido los ciudadanos con ello ha sido  algo más de 11.200 millones de euros, que no volverán a ver. Ese año  la entidad arruinada ganó 123 millones.

En los dos casos, el Estado se había comprometido con la Unión Europea a poner a la venta dichas cajas, la imposición fue a cambio del dinero que prestó a España, el llamado rescate bancario. Daba de plazo hasta finales de 2016. Pero el Gobierno no esperó a conseguir una mejor venta. Se desprendió de ellas, casi las regaló, tres años antes en el primer caso y dos y medio en el segundo. Eso sí, el Estado sigue pagando intereses por el dinero que le prestó Europa, y que tiene que ir devolviendo.

Pero es posible llegar más lejos, por ejemplo, quedarse con una entidad bancaria sin gastarse  ni siquiera lo que hay dentro de ella. Tan sólo con poner un euro. Eso es lo que le costó al BBVA, en marzo de 2012, la compra de tres cajas comarcales catalanas, agrupadas bajo el nombre de UNIM. Incluso se le garantizó que el dinero público costearía el 80 por ciento de posibles pérdidas ¡en los 10 años siguientes! Eran entidades arruinadas a las que el Estado había tenido que aportar antes casi mil millones de euros. 14 meses después de pasar al BBVA, la arruinada  UNIM ya daba beneficios.

Hubo otro caso aun más notable, el del Banco de Valencia. Era propiedad de la primera caja valenciana y en 2012 estaba ya quebrado de hecho. Para sostenerlo el Estado, es decir, todos los ciudadanos, aportó 5.500 millones de euros. Inmediatamente después se lo entregó a la Caixa (no confundir con Catalunya Banc) por el módico precio de un euro. El regalo iba acompañado de un bonito detalle: durante… ¡10 años! el Estado correrá con la gran mayoría de las pérdidas que tenga la Caixa por el “sacrificio de quedarse con un banco fuertemente implantado en la Comunidad Valenciana. Total, otros 5.500 millones más de dinero público que los ciudadanos jamás recuperarán.

Y hay más casos. En diciembre de 2011 se inauguró la costumbre de regalar cajas a algún banco por el módico precio de un euro, tras gastarse enormes sumas en tratar de sanearlas. La primera en salir de la  piñata fue la CAM, la sexta caja española en tamaño y la que se encontraba peor. Se la quedó el Banco Sabadell, tras inyectar en ella más de 5.000 millones de euros el Fondo de Garantía de Depósitos, una hucha oficial a la que aportan los bancos para garantizar el dinero de sus clientes. Ese mismo banco se quedó otra entidad pequeña, el Banco Gallego, acompañado de otro regalito: 245 millones que le metió el Estado.

El dinero que el Estado no va a recuperar suma en lo que llevamos de relato 26.300 millones de euros. Hay que añadir pagos varios a bancos agraciados en el reparto por las posibles pérdidas de las entidades regaladas o por cosas no previstas. También para devolver dinero de las preferentes. Total, otros 3.000 millones largos,  de dinero del Estado. Así se llega a 30.000 millones de euros que nunca volverán. Fueron aportados por los ciudadanos al mismo tiempo que comprobaban como se les recortaba su sanidad, su educación o las ayudas a la dependencia.

No  fue dinero invertido por una decisión política, acertada o no. En ese caso podría llegar a recuperarse. Es dinero público del que sólo podrán sacar partido los bancos que se han quedado con las cajas, en el momento en que lo que permanece de ellas reporte beneficios. Algo que en varios casos ya ha empezado a pasar.

Si alguien tiene una casa en ruinas, se gasta 20.000 millones de euros, pongamos por caso, en rehabilitarla y se la entrega a otra persona, es evidente que los 20.000 millones no han desaparecido. Se los ha quedado el nuevo dueño al que el primero le regaló la casa. Creo que así se entiende bien que los 30.000 millones de euros del rescate de las cajas que el Estado no recuperará jamás, han sido en realidad entregados a los grandes bancos que se han quedado con ellas.


Es sólo una parte del dinero que se gastó el Estado en el rescate a los bancos. Bien contabilizado, suma bastante más de los en total 53.553 millones de euros, de los que se ha hablado. Se acerca a los 69.000 millones. A ellos hay que sumar lo  aportado por el Fondo de Garantía de Depósitos, Hace dos semanas el Banco de España señaló que de todo ese dinero público, el Estado sólo ha recuperado  hasta ahora 2.686 millones.

jueves, 8 de septiembre de 2016

NO ES NADA PERSONAL, SON NEGOCIOS.

La creencia resignada de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar  menos de lo que ganaban sus padres, no cae en la cuenta de que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los que han comenzado a trabajar después.
Dile que lo hice por negocio, yo siempre le quise.
Francis F. Coppola. El Padrino.

Decir que los salarios en España han bajado durante la crisis no es revelar nada a estas alturas. Salvo el ministro Montoro, o en ocasiones el presidente Rajoy, nadie lo niega. No ha sido además un fenómeno espontáneo. La bajada de sueldos ha sido una de las estrategias económicas fundamentales de la política de austeridad, inaugurada en 2010, e intensificada desde que el PP comenzó a gobernar, al acabar 2011.

Rebajar los sueldos de la gente de forma sensible no es fácil. El economista Paul Krugman así lo dice en un libro publicado en 2012. Se basaba en experiencias pasadas. Se pueden reducir los sueldos que reciben los asalariados actuales un par de años, como ha ocurrido, o como mucho, lograr que estos suban menos de lo que aumentan los precios. Por ejemplo, en España, el sueldo medio es ahora de 22.800 euros anuales. En 2008 era algo menos: 21.600.  Pero la inflación, la subida de los precios durante ese tiempo, hace que el dinero ahora tenga menos valor. Si hacemos el cálculo, los 21.600 euros de 2008 serían ahora 23.400 euros, unos 600 más de los 22.800 que ahora se gana. Es decir, el salario medio real ha bajado casi un 3 por ciento desde entonces a hoy.   Es lo que se llama bajada de los salarios reales.

Esto sin embargo,  es sólo una parte insignificante de la bajada salarial. Hay otra forma mucho más eficaz y contundente, y a la vez  mucho más peligrosa, no sólo para el que gana menos, sino para el sistema económico, más en concreto, para el Estado de Bienestar. Esa es la que se practica ahora en España, y posiblemente en otros sitios, con notable resultado. A ello me voy a referir.

El procedimiento consiste no sólo en bajar los sueldos a los que ya tienen un empleo, sino en pagar mucho menos salario a los que comienzan a trabajar. Tomamos datos del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio de los asalariados que tienen entre 20 y 24 años era en 2008 de 13.300 euros al año. En 2014 ese salario de los jóvenes era de 11.800 euros. Es decir, un 13 por ciento más bajo (aquí se incluye lo que paga en el IRPF y por cotizaciones sociales. A casa se lleva menos).

Ese efecto se combina con otro. Los que más ganan se van jubilando y dejan su puesto a nuevos trabajadores que cobran bastante menos. A esto se añade toda una estrategia política y empresarial: las masivas prejubilaciones y otras formas de despido más expeditivas y más baratas para el empresario, han acentuado de forma brusca esa sustitución  impuesta por el ciclo de la vida. La consecuencia es que según avanza el tiempo, se van incorporando  a trabajar nuevas personas y van abandonando el empleo los mejor pagados,  con lo que esa bajada general de sueldo se irá ampliando  más.

No hace mucho escuché el comentario de un amigo de que los jóvenes tienen que habituarse a ganar menos que lo que ganaron sus padres. Es algo extendido y aceptado con cierta resignación. Quienes esto opinan no caen en la cuenta que las pensiones de los que trabajaron antes de la crisis van a depender de lo que ganen los jóvenes que han comenzado a trabajar, porque ellos son los que aportarán, con sus cotizaciones a la Seguridad Social, el dinero para sostener a los jubilados. Salarios más bajos para jóvenes implicará irremisiblemente menor recaudación para pagar las pensiones.

Y no sólo eso. El dinero del Estado o las comunidades autónomas se obtiene de lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos. La sustitución de salarios más altos por más bajos conllevará una recaudación menor de Hacienda por persona. Habrá menos recursos públicos para educación, sanidad, dependencia, obras públicas y demás.

Pero claro, esto es una media. No todos los salarios han bajado por igual. Ni siquiera todos los salarios han bajado. Nos fijamos en el 10 por ciento de los asalariados que menos cobran. Los que acababan que encontrar un empleo, en 2008 ganaron 495 euros al mes. Era muy poco, pero en 2014 cobraban únicamente 406 euros mensuales. ¡Es un 22 por ciento menos! ¿Qué ocurrió con el 10 por ciento de los que más ganan? Pues que los que tuvieron la suerte de encontrar un empleo bien remunerado, en 2014 ganaron 4.900 euros, un 9 por ciento más que al comienzo de la crisis.  Su salario es 12 veces mayor que los que menos ganan. Seis años antes era 9 veces mayor. ¡Han descendido los sueldos bajos y se han incrementado los altos!

La estrategia  de bajada salarial tenía un objetivo declarado: había que bajar los sueldos para que costase menos dinero fabricar los productos y así poder vender fuera. Es eso que repiten de vez en cuando los ministros y los economistas: ganar competitividad. El resultado es bastante pobre. La diferencia del precio de producción de nuestros bienes frente a los otros países de la Unión Europea ha subido desde 2008 hasta hoy. Frente a otros países  ha bajado ligeramente, pero no por pagar menos sueldos, sino porque el euro vale ahora menos que entonces respecto al dólar. La rebaja salarial no ha mejorado la competitividad.

Pero había otro objetivo no declarado: las empresas querían  aumentar sus beneficios, llevándose una parte mayor de lo que facturan al producir, a costa de gastarse menos en sus trabajadores. De esto se habla muy poco, pero también tiene su expresión técnica: recuperar la tasa de ganancia.  Y el resultado aquí fue claro: si comparamos  la primera mitad de 2016 con la equivalente de 2008, las ganancias empresariales han aumentado, aunque poco: casi el 2 por ciento. En cambio, lo que las empresas pagaron a sus trabajadores ha descendido algo más del 6 por ciento.
Y frente a los objetivos de la rebaja salarial, las dos consecuencias ya relatadas: pone en dificultades el Estado de Bienestar e incrementa la desigualdad.


El instrumento fundamental de todo esto ha sido la reforma laboral. Esta ha facilitado el despido para acelerar, más aun de lo que ya ocurría, la sustitución de trabajadores mejor pagados, por otros con salarios muy bajos, en ocasiones incluso menores que el ya raquítico salario mínimo. Y al tiempo ha debilitado al máximo la negociación colectiva, el único mecanismo que tienen los trabajadores para conseguir mejoras de sueldo. Cuando comenzó la crisis, 5 millones de asalariados no estaban acogidos a un convenio colectivo. Ahora con mucha menos gente trabajando, son más de 7 millones los que carecen de él.

jueves, 7 de julio de 2016

LO QUE EL BREXIT SE LLEVÓ

Lo que los británicos han decidido en referéndum es salir de la Unión Europea de los mercados, la salida de la Europa de los ciudadanos ya se había acordado en una Cumbre sin consultarles. Todo a cambio de que el Reino Unido se quedara.
Quizá vuelva una noche desde el club a su casa, dando traspiés, “pleno de abstinencia”, mareado por el oporto, canturreando estúpidamente: Britons never, never shall be slaves.
K. Marx. El Capital.
                                                                   
Explicar la decisión británica de abandonar la Unión Europea, tomada en referéndum, viene a ser algo así como observar un poliedro de múltiples caras: en cada una de ellas hay una consecuencia para Europa. Además, de momento, sólo podemos ver los polígonos del mismo que se nos muestran desde nuestra posición. El resto de las caras se encuentran ocultas para nosotros, por ahora. Yo me voy a fijar sólo en una de las superficies visibles, aunque debe  de serlo poco, porque extrañamente no se ha hablado de ello.

Lo ocurrido el pasado 23 de junio fue en realidad el último paso del Brexit. Es el que se refiere sobre todo a los negocios, al comercio y a las finanzas. El Brexit que afecta directamente a los europeos, como ciudadanos, se acordó hace ya unos meses, y no fue mediante referéndum, sino en la sala de reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea. Fue en la cumbre del 19 de febrero, en Bruselas.

Ese día, con menos solemnidad que otras veces, los mandatarios europeos decidieron dar por concluido el proyecto de Unión Europea, a cambio de que el Reino Unido no abandonase  lo que iba a volver a ser simplemente un mercado único, con restricciones.  No lo dijeron así, claro. Y algunos de ellos, es posible que todos, no debieron creer que eso sucedía. A la vista de las pocas luces que tuvieron todos los gobernantes para ver venir la crisis, tampoco es de extrañar.

El sábado, 19 de febrero de 2016, los reunidos en Bruselas acordaron acabar  con el derecho a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. No se trata de un derecho cualquiera. La libre circulación de personas constituye la base sobre la que se asienta la Unión Europea. Ello explica que sea el primero de los derechos que figuran en el Tratado, recogido en su artículo 3. Es lógico, no se concibe un sistema democrático donde las personas no puedan moverse libremente. De hecho, el segundo de los tratados, el de funcionamiento de la UE, declara firmemente que “la libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo”. Suena solemne ¿no? Pues eso es lo que de hecho se suprimió, siempre y cuando el Reino Unido votara en referéndum permanecer en lo que ya no sería lo mismo que hasta junio. En realidad la eliminación del citado derecho iba más allá, porque limitaba también el derecho a las prestaciones sociales.

El objetivo de tamaña decisión era satisfacer  al primer ministro británico. Así, recomendaría a sus ciudadanos que votasen en el referéndum por permanecer en la Unión Europea. La destrucción a cambio de derechos y compromisos fundamentales, pasó a considerarse un asunto puramente instrumental. Esas restricciones lógicamente no podían aprobarse para un solo país: lo acordado sobre los derechos laborales y sociales afectaría a todos los Estados. Repasemos algunas, tal y como figuran en la decisión acordada:

-Cualquier Estado podrá prohibir la entrada de personas de otros países comunitarios  que vayan a trabajar, con el  argumento de que eso impide reducir el paro, fomentar la contratación o afectar a la Seguridad Social de ese Estado.

-Pueden denegarse prestaciones sociales a cualquier ciudadano de la Unión Europea que no sea natural del país donde reside.

-Se podrá prohibir también que un ciudadano que no trabaje viva en un país de la Unión Europea que no sea el suyo, si no demuestra que tiene dinero para mantenerse.

-Cualquier ciudadano de la Unión Europea podrá ser expulsado de otro país comunitario sin que medie una acusación o condena, simplemente  como prevención ante lo que de forma inconcreta se cataloga de amenaza, aunque esta no sea inminente.
Lo descrito puede leerse en el siguiente enlace:


Todo esto a cambio de que el Reino Unido se quedase en la organización, llamémosla así, para diferenciarla de lo que es una auténtica Europa de los ciudadanos. Si al final Gran Bretaña se iba, lo pactado quedaba en papel mojado.

La Unión Europea está fundamentada en las llamadas cuatro libertades:

Primera,  la libre circulación de personas, que incluye, no sólo la potestad de desplazarse libremente por todos los territorios de la Unión, sino además de establecerse en cualquiera de los 28 países y disfrutar de los mismos derechos que los nacionales. Es la más importante, como hemos dicho, porque afecta personalmente a los ciudadanos.

Segunda, la libre circulación de  mercancías. Tercera, la libre circulación de capitales. Y cuarta, la libre de prestación de servicios.
 
Lo que los británicos han rechazado en referéndum ha sido estas tres últimas libertades, las de las empresas. La primera y fundamental ya estaba suprimida sin la intervención directa de sus afectados, los ciudadanos. Es por tanto lógico que el revés haya afectado directamente a los mercados y tenga en vilo al mundo del dinero. Obviamente esto tiene consecuencias para los ciudadanos, dependientes de la buena salud de los negocios.

No es difícil que los mercados salgan airosos de este trance. Un Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido puede satisfacer todas las necesidades de las empresas, de las compañías financieras y de los que manejan el dinero  para actuar en ambos territorios: el de la UE y el de Gran Bretaña. Sólo quedaría eliminado el derecho de los ciudadanos a ser tratados como iguales en ambos lados del Canal de la Mancha. Pero, como se explicaba antes, esto ya se había acordado sin referéndum alguno.

Las consecuencias negativas serán para  la Unión Europea, especialmente si el Reino Unido sale bien parado con su marcha, porque puede demostrar que la insolidaridad y la desunión también funcionan para algunos y que el objetivo no era crear una Europa de los ciudadanos sino de los mercados.

Eso sí, para meter miedo a la gente sin explicar de verdad las cosas, el Brexit  ha venido que ni pintado.

viernes, 8 de abril de 2016

SE SOBREPASÓ EL DÉFICIT, AFORTUNADAMENTE

Muchos de los que claman contra la austeridad, (muy mal vista por los ciudadanos) se lamentan de que no se haya cumplido con el ajuste del déficit, que es la materialización de la austeridad. Es una clara contradicción y en clave política populismo en estado puro,
La contradicción al hacer afirmaciones es aparentemente fácil de detectar. Por ejemplo, si alguien dice que es bueno alimentarse y añade que es malo comer, cualquiera  entiende que ha formulado dos juicios contradictorios. Sin embargo, no siempre la contradicción es tan patente. En política,  en economía o en el debate social  los medios de comunicación recogen frecuentes contradicciones que se lanzan cargadas de un aparente buen juicio. Voy a referirme a una.

Se pregunta,  por ejemplo,  a un experto si está de acuerdo con la política de austeridad. Responde que  no, porque dificulta la salida de la crisis y además es injusta, al  recortar gastos necesarios para la mayoría social. Le pedimos al mismo experto su opinión sobre el hecho de que España haya superado con claridad el límite de déficit público acordado por la Unión Europea para nuestro país. Y nos responde que es un desastre, porque el Gobierno no ha sido capaz de ajustar los ingresos y los gastos públicos. Suena tan normal ¿No? Yo se lo he escuchado a varios políticos del PSOE, o a analistas económicos, que aparentemente se han expresado con todo rigor. Y se trata de una contradicción encubierta, porque la reducción del déficit,  tal y como manda Bruselas, es precisamente la materialización de la política de austeridad y la causa de los recortes todos estos años.

La semana pasada se publicó que en 2015 España sobrepasó en 11.000 millones de euros el límite de déficit que le había fijado la Unión Europea. Vamos a lo concreto, para no hacernos un lío.

De acuerdo con el Pacto Europeo de  Estabilidad, los gastos públicos de ningún país deben sobrepasar sus ingresos por encima del 3 por ciento de su actividad económica, de su PIB. En dinero, eso para España serían 32.000 millones de euros.  En época de verdadero crecimiento económico esto es posible. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social recaudan suficiente con los impuestos y con las cotizaciones sociales. Al mismo tiempo, tienen que gastar menos en el pago a los parados. De hecho, durante el periodo de “vacas gordas”, en 2005, 2006 y 2007, España tuvo superávit, el gasto de las administraciones públicas fue menor que sus ingresos. 

Pero con la crisis, todo eso se vino abajo. Aquí y en el resto de los países el déficit aumentó muy por encima de lo permitido. En España, mucho más. Pese a todo, la Unión Europea persistió en su decisión, y obligó a los Estados a reducir el déficit paulatinamente para llegar cuanto antes a ese límite del 3 por ciento. No es un asunto técnico, sino que tiene efectos directos sobre la economía y la población.  Es la política de la austeridad.

Ha supuesto recortar los gastos sociales, innecesarios para los ricos, pero imprescindibles para la mayoría de la gente con ingresos medios y bajos. Y recortar el dinero para obras públicas, que crean empleo,  o el destinado a investigación, necesario para mejorar la economía.

También  ha supuesto subir los impuestos, pero no todos, sólo los que paga la gente corriente, el IVA y el de la renta. El impuesto de sociedades, el que pagan las empresas o muchos ricos, no lo ha hecho. Al contrario, con él cada vez se paga menos. Valgan unas cifras: en 2014 con el impuesto de la renta, el IRPF, se recaudaron 70.000 millones de euros, casi 6.000 millones más que en 2006, a pesar de que de que trabajaban 2 millones y medio de personas menos. En cambio, con el impuesto de sociedades se recaudaron tan sólo 18.500 millones de euros, menos de la mitad que en 2006, pese a que las ganancias empresariales eran un 7 por ciento mayores.

El 2015 España debía tener un déficit equivalente al 4,2 por ciento de toda la actividad económica, del PIB. Son poco más de 45.000 millones de euros. Suponía reducirlo en 16.000 millones respecto al año anterior. Se ha quedado muy lejos: el déficit ha sido 11.000 millones mayor del previsto….afortunadamente, porque con 11.000 millones  menos de déficit la economía hubiera ido peor. Ángel Laborda, experto de Funcas, centro de investigación económica de las cajas de ahorros, calcula que de haberse cumplido el déficit impuesto por la Unión Europea, el crecimiento hubiese sido medio punto más bajo, según le dijo a El Diario.es.

¿Qué ocurrió? Montoro, el ministro de Hacienda,  echa la culpa a las comunidades autónomas. Estas tuvieron un déficit 10.400 millones superior a lo previsto. Pero todo se debió a que, pese a la mejoría económica, su recaudación fue mucho más baja de lo esperado. No fue un exceso de gasto: de hecho el gasto fue más bajo de lo presupuestado. Pese a lo que se cuenta de la mejora económica, nuestra economía no recaudó lo previsto. Le ocurrió también a la Seguridad Social: los asalariados ganan menos y las cotizaciones fueron mucho menores de lo calculado.

Esto significa que la economía española no está recuperada para pagar sus gastos, por mucho que se recorte. Mejor dicho, como se recorta, para tratar de cumplir el déficit que manda la Unión Europea, la economía no tira lo suficiente para recaudar más y así tratar de cubrir los gastos presupuestarios.


¿Quién ha impuesto esta dinámica perversa? Pues la Unión Europea, que exige infructuosamente que se cumpla el objetivo de déficit. Es por tanto la Unión Europea y su política de austeridad la responsable. ¿Alguien ha oído a la Comisión Europea corresponsabilizarse de este fracaso? Se podía esperar que no lo hiciera, por supuesto. Lo que no parece normal es que su mensaje, exigiendo más ajustes, haya sido recibido tan sólo como un reproche al Gobierno. Muchos de los que claman contra la austeridad,  (muy mal vista por los ciudadanos) se lamentan de que no se haya cumplido con el ajuste del déficit (en sintonía con la Unión Europea, que ha impuesto la austeridad). Es una clara contradicción y en clave política populismo en estado puro, porque la mayoría de los ciudadanos no captan el desafuero y se quedan sólo con las críticas a los recortes.   Nada más conocer el afortunado incumplimiento del déficit, que evitó más recortes aún y un posible empeoramiento de la economía, el responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla,  reconocía que esto complicaba la gestión del próximo Gobierno. Es algo como decir: qué faena, los ajustes que no hizo Rajoy los tendremos que hacer ahora nosotros. 

miércoles, 10 de febrero de 2016

TEATRO…LO TUYO ES PURO TEATRO

Pretender que se avanza hacia la formación de un Gobierno con un documento inconcreto, para que sea aceptado por todos, y negociado sólo con fuerzas que sumadas quedan lejos de la mayoría no deja de ser una representación teatral.
Si nadie sabe lo que haces, nadie discutirá contigo.
Cottom Club.
Francis Ford Coppola.

Debo de tener muy malas entendederas, pero por mucho que le doy vueltas no acierto a comprender qué avance se está produciendo en la negociación para formar Gobierno.  Es de eso de lo que se trata, ¿no? Recapitulo lo esencial del avance producido hasta ahora. El primer día de conversaciones, Pedro Sánchez lanzó un mensaje de optimismo: “esto empieza bien”, después de reunirse  con cuatro fuerzas políticas que totalizan ocho diputados.

Tras una primera toma de contacto con todos los grupos, salvo el PP,  en los días posteriores,  el PSOE ha comenzado ya  a negociar por separado con tres fuerzas políticas, a las que ha presentado un documento base. Se titula “Programa para un gobierno progresista y reformista”.  Tras esas sesiones, ni Ciudadanos, ni Izquierda Unida, ni Compromís, las tres fuerzas en cuestión, pusieron reparos importantes al documento. La conclusión que sacó el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, fue que no veía ningún obstáculo para alcanzar un pacto de Gobierno con ellos. Luego, algo parecido  ocurrió con el PNV.

 Suena bien, ¿no? Pues a mí me recuerda a una persona que se sube en una cinta de correr en un gimnasio. Se pasa en ella 15 minutos y da por hecho que ha recorrido poco más de dos kilómetros. Es obvio que no ha recorrido ninguno. Está en el mismo sitio que al comienzo, pese a haber derrochado el esfuerzo para desplazarse.

El artificio que hace ver otra cosa se descubre si analizamos cuatro elementos fundamentales.

El primero es el contenido. No voy a entrar a comentar en detalle lo que se recoge en el documento presentado por el PSOE. Si todavía pervive, pienso hacerlo en un posterior artículo, referido, eso sí, a sus aspectos económicos y laborales. Pero compruebo que, junto al tono general de cambio político que plantea (no podía ser de otra manera, claro está) el texto es inconcreto  en aquello que otros pueden rechazar, o simplemente no lo recoge. Y se trata en los dos casos de asuntos cruciales. Sólo entra en cierto detalle en lo que todos dan por bueno, salvo el PP. En suma, está muy bien para echarle un vistazo, pero es tramposo, porque contribuye a dar la sensación de un acuerdo sólo aparente.

El segundo elemento es la relación entre las partes. La negociación se ha realizado de forma estanca. Primero con uno, Ciudadanos: ¿Te parece bien esto? Bueno, la mayoría no me parece mal. Y si se lo parece, como es tan inconcreto,  se calla. Después otro, Compromís. ¿Qué te parece? Falta alguna cosa, pero en general, no me opongo a lo que está escrito. Y el tercero, Izquierda Unida. ¿Cómo lo ves?  Decir, no dice nada malo. Finalmente, realizó la misma operación con el PNV, con resultado similar.

Es muy posible que cada partido haya aportado sus ideas, para darle concreción a lo presentado, pero los otros no lo han oído, por lo que nadie puede oponerse. Pero nada indica que todos estén de acuerdo.

El tercer elemento que hace engañoso el avance es el número. Todos los partidos con los que el PSOE ha negociado ya por separado suman 52 diputados. Si se añaden los 90 del PSOE, totalizan 142. Faltan 34 para la mayoría.

El cuarto elemento es el fundamental: la configuración del Gobierno. Por más que se repita la tópica frase de “lo importante no son los sillones, no deja de ser una falacia. Para darnos cuenta de la estupidez que representa, hagamos un ejercicio: utilicemos otro término para hablar de asientos, por ejemplo, escaños. ¿A que es estúpido que un partido diga que no le interesan los escaños? Los sillones aludidos no son otra cosa que poder. Y la gestión pública sólo se  materializa desde el poder. Sin él no hay “programa, programa, programa”. El acordar qué partidos van a formar parte de ese poder es la clave y todo pasa por ahí. Por eso, Ciudadanos que lo tiene claro, como cualquiera que piense, no está dispuesto a apoyar un Gobierno en el que se siente una fuerza diametralmente opuesta a la suya, Podemos. Y por eso Podemos, que le ocurre lo mismo, tampoco apoyará un gobierno en el que esté Ciudadanos. La diferencia es que PSOE y Podemos pueden articular, con pequeños apoyos, un Gobierno, mientras que PSOE y Ciudadanos no, como he explicado más arriba. Necesitarían al PP, por activa o por pasiva.

Es un ejercicio de cinismo acusar a Podemos de pretender sillones. ¿Es que el PSOE pretende el absurdo de gobernar sin ocupar los sillones de ministro?

Todo esto ha sido elemental en cualquier formación de Gobierno, por ejemplo autonómico. Aquí parece que no funciona esa lógica, simplemente por una cosa: no lo quiere el poder, no el de los sillones citados, ni el de los escaños, sino el que todo el mundo conoce, el poder establecido desde mucho antes de estas elecciones.


Cuando Pedro Sánchez y el PSOE lleguen a esta conclusión, se habrán bajado de la cinta de correr en un gimnasio y emprenderán de verdad el camino hacia la formación de un gobierno.

jueves, 21 de enero de 2016

BIENVENIDOS AL MUNDO IRREAL

Dedicar horas de tertulia a interpretar el Reglamento del Congreso, y sus límites a la formación de grupos en la Cámara, cuando lo que está en cuestión es el entramado constitucional mismo  no deja de ser una muestra evidente del mundo irreal.
La mentira es más exquisita que la verdad y el sueño más puro que la realidad terrestre.     Mika Waltari. Sinuhé el Egipcio.              

Escuchar a la gente siempre es interesante, aunque lo que digan pueda no serlo. Hace reflexionar y sacar conclusiones, más incluso cuando lo que se oye es llamativo. Eso me ocurrió el miércoles 20 de este mes al oír la tertulia en Hoy por Hoy de la Cadena SER. Ante los líos y negativas reglamentarias del Congreso para la formación de grupos parlamentarios por las llamadas Confluencias con Podemos, uno de los tertulianos  aseguró “bienvenidos al mundo real”, aludiendo a Podemos. Se refería, claro está, a la realidad que impone la práctica parlamentaria en España. No me voy a ocupar aquí de esa práctica, sino del mundo real.

El pasado lunes 18, la ONG Oxfam Intermón publicó un documento demoledor sobre el incremento de la desigualdad. Según el informe, 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Cinco años atrás eran 388 personas, lo que da una idea del aumento galopante de esa brecha entre ricos y pobres.

En España, el uno por ciento de la población concentra más riqueza que el 80 por ciento más pobre. Esta situación de injusticia económica se ha disparado además en los últimos años. En 2014, aseguraba el informe, nuestro país alcanzó su máximo en número de personas en riesgo de pobreza o exclusión: 13.400.000,  el 29 por ciento de la población. Son datos  que Oxfam ha extraído de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea.   Sólo Letonia y Grecia superan ese porcentaje entre los países de la Eurozona. Además, la cifra de afectados no para de aumentar. Desde que comenzó la crisis, el número de pobres o excluidos en nuestro país ha crecido en casi 2.300.000 personas.  Y en la última legislatura,  en la que ha gobernado el PP, el incremento hasta 2014 superó el millón de personas.
Pero el deterioro no se ha producido sólo en los casos extremos. La media de lo  que perciben los españoles por salario o prestación por desempleo cayó desde 2007, último año de bonanza, hasta 2014 un 22 por ciento, si se descuenta la inflación, la subida de los precios. Eso es lo que ha retrocedido para la gente común su capacidad económica.   Recordando al tertuliano antes citado, ¡bienvenidos al mundo real!

Repaso los periódicos impresos del día siguiente a la difusión del informe por Oxfam Intermón. Entre los de Madrid, sólo el gratuito 20 Minutos destaca la noticia en su primera página. El resto no se ocupa  del aumento de la desigualdad  en la portada. Únicamente El Mundo se refiere al documento en un minúsculo titular en su parte baja, pero aludiendo al dinero que se oculta en paraísos fiscales. ¿De qué se ocupan entonces las portadas de los diarios madrileños? Repasemos. “El Rey admite en su audiencia que será difícil la investidura”, titula uno. “El Rey asume que costará formar Gobierno”, asegura otro. “Poca fe en la investidura” añade un tercero junto a la foto del monarca.  La verdad es que era algo que ya sabían los españoles, y se supone que el rey entre ellos, desde la noche del 20 de diciembre, tras conocer los resultados electorales.  Otro recurre a un género periodístico de moda, el de ¡Qué malos son los independentistas! En esta ocasión el titular es “El 3% sirvió para financiar los grupos independentistas”. No falta, claro está, otro destacado titular del segundo género periodístico en alza: “Qué malos son los de Podemos”. En fin,…¡bienvenidos al mundo irreal!

Retomo el asunto al que me refería en el primer párrafo. El tan traído y llevado debate sobre la formación de grupos parlamentarios en el Congreso. No entro aquí en el detalle del tema. No es el caso. Me ocupo de ello para contrastarlo con el mundo real. Dedicar horas de tertulia televisiva o radiofónica y páginas de periódicos a interpretar el Reglamento del Congreso, y los límites que pone para la formación de grupos en la Cámara, cuando lo que está en cuestión es el entramado constitucional mismo  no deja de ser una muestra evidente del mundo irreal. Qué más dará lo que diga un reglamento que se ha podido interpretar a gusto de los partidos de turno y que se puede cambiar como cualquier otra cosa.  No me imagino a los desesperados pasajeros del Titanic  debatiendo sobre la música que hacía sonar la orquesta mientras el barco se hundía.

Lo cierto es que estos debates, estos problemas formales, no son nuevos. Tienden a resolverse sin dificultad cuando reina la armonía y  no se esperan cambios importantes. Lo que se juega cada sector político o cada grupo de interés es poco. Las cosas van a seguir igual, qué importa si hay que modificar o soslayar  algo. Pero en los momentos de cambio la situación es otra. Se cree que se arriesga perder algo y se defiende “cada palmo de terreno”. Una defensa a ultranza puede sin embargo suponer más riesgo, si lo que conlleva es ignorar el mundo real. Me viene a la mente la reacción de un niño de pocos años que se tapa los ojos y dice “no estoy”, en la creencia de que así se esconde de los demás.